Lead: La energía como derecho fundamental, es esencial para garantizar una vida digna y el ejercicio pleno de otros derechos como la salud, la educación y el trabajo.
El acceso a la energía no solo impulsa el desarrollo económico, sino que también es clave para la equidad y la justicia social, asegurando que todas las personas, independientemente de su situación económica o ubicación, puedan disfrutar de una calidad de vida adecuada.
Sin embargo, la realidad global muestra que aún existen profundas brechas en el acceso a este recurso esencial. A nivel mundial, 685 millones de personas carecen de acceso a la electricidad (Banco Mundial, 2024).
En Colombia, según el primer reporte del Índice Multidimensional de Pobreza Energética- IMPE (2022), una de cada cinco personas vive en condiciones de pobreza energética, lo que equivale a 9,6 millones de personas que no tienen acceso ni a electricidad, ni a fuentes de energía adecuadas para cocinar. Este problema se agrava en las zonas rurales remotas, donde la pobreza energética es 11 veces más severa que en los grandes centros urbanos, afectando al 47,9% de la población en estas áreas.
Además, en el país el consumo de energía procedente de combustibles fósiles corresponde al 76,7% según el Banco Mundial (2014) y alrededor del 56,1% de los ingresos nacionales son gracias a las exportaciones de estos (Heinrich Boll Sitftung Colombia, 2022), lo anterior, convierte a Colombia en un país dependiente de estas fuentes de energía.
Frente a este escenario, la transición energética se ha posicionado como un tema de la agenda pública actual al considerarse como una alternativa que da respuesta a la crisis socio-ecológica que requiere urgentemente de la transformación del sistema energético basado en combustibles fósiles hacia uno más sostenible mediante energías limpias. Este cambio, pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, promover la mitigación y adaptación al cambio climático, a la vez de democratizar el acceso a la energía.
La transición energética justa en Colombia es cada vez más una realidad, según el Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, actualmente el 10% de la matriz energética del país proviene de fuentes de energía limpia, como la solar y eólica. A través del programa Comunidades Energéticas, 18mil comunidades a nivel nacional podrán generar, comercializar o usar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales de energía renovables.
A partir de este año se invertirán $160 billones de pesos para desarrollar la sustitución de combustibles fósiles a energías limpias, y hacer el plan de transición económica, energética y ecológica para el país. Sectores como transporte, buscarán superar la dependencia del diésel, la gasolina y el gas.
Gracias al programa de formalización minera se han benefician a más de 2000 mineros, y respecto a los avances en el marco normativo, se continúa con la formulación de la nueva ley minera y la reforma a la Ley de Servicios Públicos, las cuales busca posicionar a los ciudadanos como el eje central de la regulación, al mismo tiempo que se regula la relación con los prestadores del servicio. Son muchas las apuestas, retos y procesos que se irán teniendo que superar para que se dé una transición energética justa en el país, con diversos actores como las empresas, pero sobre todo con las comunidades.
Nota por: Equipo de Comunicación Popular Ministerio de Minas y Energía
