BOGOTÁ, Colombia – El aire fresco y el murmullo del viento en los eucaliptos contrastan con la tensión palpable en el rostro de José Luis Vargas Suárez. Desde la parte alta del barrio Santa Cecilia Norte, en Usaquén, su mirada abarca un paisaje de contradicciones: casas de ladrillo y esfuerzo trepando por laderas verdes, cicatrices abiertas de canteras y, a lo lejos, la silueta imponente de una Bogotá que a menudo parece darles la espalda. José Luis, tecnólogo, profesor y líder comunitario, no habla desde un escritorio, sino desde el territorio que lo vio nacer hace 36 años. Su historia personal es el hilo conductor de una lucha colectiva de décadas, un grito ahogado por el ruido de la ciudad que estalló, una vez más, en las vías el pasado 14 de septiembre.
“No somos invasores. Mis abuelos llegaron en 1973 con una promesa de compraventa en la mano”, dice con una calma que delata años de explicar lo inexplicable. “Compraron un pedazo de tierra parcelada, como lo hicieron miles. Buscaban escapar de la violencia, hacer vida en la ciudad. Domesticaron la montaña con sus propias manos”. Su voz, serena pero firme, narra el origen de un conflicto urbano y humano que hunde sus raíces en la falta de control estatal, en la venta irregular de tierras y en un decreto de reserva forestal de 1976 que, en lugar de proteger, generó décadas de incertidumbre y abandono para quienes ya vivían allí.
La llama que reavivó la protesta es un fallo del Consejo de Estado de 2013, una luz de esperanza jurídica que hoy se percibe como un papel mojado. El fallo reconoce los derechos adquiridos por los habitantes históricos de los cerros orientales antes de 2005 y ordena al Distrito invertir, legalizar barrios, mitigar riesgos y formalizar la presencia del Estado, de la mano con las comunidades. Una sentencia que, según José Luis y la **Coordinadora de Procesos y Barrios Populares del Borde Oriental de Bogotá**, ha sido “engavetada” por tres administraciones consecutivas: las de Enrique Peñalosa, Claudia López y ahora Carlos Fernando Galán.
“Ellos dicen que se viene cumpliendo”, explica, mientras enumera con los dedos una realidad muy distinta. “Pero cuando uno pisa el territorio ve barrios sin legalizar, sin acueducto formal, sin reconocimiento de viviendas. No hay solución para los riesgos de las canteras, no hay articulación real. La gente no se toma una autopista un domingo porque sí. Lo hace porque se *mamó*”. La palabra “mamó” resuena con una fuerza emotiva poderosa. Es el colmo de la paciencia, el fin de la espera pasiva tras diez años de mesas de diálogo “saboteadas”, de pliegos de peticiones “perdidos” en oficinas de la alcaldía local, de promesas que se esfuman como el agua en verano.
José Luis describe un patrón dolorosamente repetitivo: la comunidad se organiza, presenta sus demandas con documentos, asiste a reuniones interminables. Las entidades asisten, toman nota, se toman fotos para mostrar “participación”. Luego, el silencio. La inversión no llega. El abandono persiste. “Utilizan a las personas para la foto”, sentencia. “Y fue tan vergonzoso que en un debate en el Concejo, el 15 de marzo, presentaban como avances del fallo obras en Ciudad Bolívar, que ni siquiera es parte de los cerros orientales. Esa fue la gota que derramó el vaso”.
La Marcha del 14 de Septiembre: El Grito Ahogado por el Gas
La movilización de septiembre no fue la primera. Hubo una el 8 de junio, otra en abril. Cada una era un recordatorio, un último intento cívico antes de escalar. “La del 8 de junio generó una mesa de trabajo que fue saboteada, manoseada. Se rieron en la cara de la comunidad”, relata José Luis, con un dejo de indignación contenida. “Entonces la gente dijo: ‘Vamos para la autopista’”.
El resultado fue un bloqueo pacífico en la Autopista Norte y la respuesta, según su testimonio y el de otros participantes, fue desproporcionada. “Lo que menos esperaba era que, después de diez años de desgaste, nos gasearan. Los más afectados fueron los adultos mayores”. Para él, aquí yace una diferencia crucial y mediáticamente manoseada: “Las vías de hecho son una cosa. La movilización es un derecho fundamental, un proceso de participación ciudadana. Tomamos las vías porque es donde generamos impacto, donde la coyuntura política nos obliga a mirar”.
El mensaje que recibió la comunidad ese día, asegura, fue claro y desolador: “No les interesa que la gente se organice y construya democracia desde abajo”. Sin embargo, lejos de apagarlos, el gas lacrimógeno parece haber avivado la determinación.
Legalizar no es Solo un Papel: Es la Vida de los Hijos y los Nietos
La demanda central va más allá del asfalto o un tubo de agua. Es sobre dignidad y futuro. José Luis detalla dos conceptos clave: la **legalización del barrio** (reconocer el terreno) y el **reconocimiento de la vivienda** (valorar la inversión y la obra construida por las familias). “Piensa en lo siguiente”, propone, acercándose para enfatizar. “Los viejos se murieron hace 30 años. Quedan los hijos. El reconocimiento da seguridad jurídica para que ese predio, que es de varias familias herederas, no genere conflictos. Para que en una venta, te paguen lo justo, no solo el avalúo catastral irrisorio”.
Habitantes como su abuelo, o los vecinos de barrios como San Isidro, Lomitas o Capilla, llevan décadas en un limbo. No pueden vender, no pueden mejorar sustancialmente sus casas, no tienen certeza de legar un patrimonio. “Suena ridículo”, reflexiona, “que una demanda de 2004 quisiera sacar a decenas de miles de personas, cuando hay un desarrollo histórico de 60 años. Aquí vive casi un millón de personas en los cerros. En Usaquén, unas 60.000. ¿A dónde irían?”.
Un Llamado Desde la Montaña: Organización vs. Olvido
El balance de José Luis, tras dos años de trabajo intenso con la nueva Coordinadora, es agridulce. Por un lado, hay frustración: “El gobierno distrital no metió este tema en el Plan de Desarrollo. Era fácil. Si Galán lo hubiera priorizado, estaríamos trabajando *con* la administración”. Por otro, hay un orgullo sólido: “Volvimos a poner en la coyuntura un tema neurálgico que tres alcaldías tenían olvidado. Rompimos la anestesia clientelar con la que se manejan los temas populares”.
Su mensaje para las comunidades es de resistencia organizada: “Sigan. Luchar, movilizarse y cualificarse sí da resultados. No esperen que un politiquero les venga a solucionar lo que es un derecho”. A la administración distrital y local les pide, primero, comprensión: “Que no se asusten con la próxima marcha, que no lleven carrotanques para hacer show. Que entiendan que esto no es ‘castrochavismo’, son temas de ciudad, de riesgo, de vida digna”. Y les exige acción concreta: “Revisen el Plan de Desarrollo, incluyan lo que omitieron. Siéntense a concertar planes de acción *con* nosotros, no *para* nosotros. Los liderazgos de acá creen en el Estado, están abiertos al diálogo, pero sobre la base de respetos y compromisos cumplidos”.
Al despedirnos, la tarde cae sobre los cerros. Las luces de Bogotá comienzan a titilar abajo, en la planicie. Arriba, en Santa Cecilia, muchas ventanas aún se iluminan con la tenue luz de bombillos que dependen de redes precarias. “Esta es una bomba de tiempo”, advierte José Luis, su mirada perdida en el paisaje que defiende. “Y les va a seguir estallando”. La historia de los cerros orientales es la de una ciudad que creció ignorando a una parte de sí misma. Es la historia de familias que plantaron raíces donde solo había ladera, y que ahora, lideradas por voces como la de José Luis, exigen que el Estado no las trate como un error a borrar, sino como un capítulo fundamental –y digno– de Bogotá. Su lucha no es por quedarse, porque nunca se han ido. Es por ser vistos, reconocidos y incluidos, de una vez por todas, en la ciudad que ayudaron a construir.
§§§
