Red nacional neutra estatal:
Para alcanzar una real conectividad nacional de internet se requiere de una neutralidad en la red principal troncal de interconexión. Hasta hoy existen redes nacionales privativas de grandes operadores de las telecomunicaciones.
La desconexión de grandes capas de la población se debe superar y el Estado Colombiano debe hacer el esfuerzo que el sector privado no realizó no obstante el esquema de monopolios y las tarifas excesivas de los servicios de las telecomunicaciones en Colombia.
En Colombia solo el 21,9 % de los hogares de menor ingreso tiene conexión a internet, mientras que entre los de mayores ingresos la cifra asciende a 86,2 %. Por cada 100 habitantes solo 16,7 tienen acceso fijo a internet, siendo Vaupés el territorio con una mayor desconexión (0,13 personas por cada 100 habitantes).
Colombia ocupó el lugar 56 entre 64 países en el factor de conocimiento del Ranking Mundial de Competitividad Digital y es el país de la OCDE con menor penetración de internet de banda ancha móvil y fija.
Se propone por lo tanto desarrollar una red nacional neutra de telecomunicaciones, fortaleciendo la función social estatal con la participación de INTERNEXA, las Empresas Públicas Municipales de Cali EMCALI y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB e incluso la ERT. De esta forma se tendrían las capacidades para proveer de las capacidades de acceso a los pequeños operadores Isp que representan la real y única industria nacional del sector.
“El mico del 90% en Obligaciones de hacer”
La pasada Ley 1978 de 2019, del anterior gobierno causó una desfinanciación ostensible del Fondo Nacional TIC ya que se modificó la Ley 1341 de 2009 que en su artículo 10 indicaba la obligación del pago de una contraprestación por el uso del espectro radioeléctrico que es un bien común inenajenable e imprescriptible. De esa forma los pagos en efectivo y corrientes de grandes sumas de dinero que alimentaban al FONTIC se sustituyeron con la figura de “obligaciones por hacer” es decir por actividades de ampliación de infraestructuras que quedan en propiedad de los mismos antes deudores que pasaron ahora en lugar de pagar, a ser los grandes beneficiados profundizando la asimetría a favor de los grandes operadores oligopólicos de las telecomunicaciones (conglomerados de la telefonía móvil celular)
El ARTíCULO 13.- de la ley 1341 indicaba que: CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA POR LA UTILIZACiÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. La utilización del espectro radioeléctrico por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones dará lugar a una contra prestación económica a favor del Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El importe de esta contraprestación será fijado mediante resolución por el Ministro de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, con fundamento, entre otros, en los siguientes aspectos: ancho de banda asignado, número de usuarios potenciales, disponibilidad del servicio, planes de expansión y cobertura, demanda por el espectro y su disponibilidad y cualquier otro parámetro técnico que sirva como indicador del precio que debe recibir el Estado por la utilización del espectro radioeléctrico.
La contraprestación económica de que trata este artículo deberá pagarse por el respectivo proveedor de redes o servicio de telecomunicaciones con ocasión del otorgamiento o renovación del permiso para la utilización del espectro radioeléctrico.
Ahora, el MINTIC lo propuso y así a “pupitrazo limpio” el congreso lo aprobó, en el artículo 140 del Plan Nacional de Desarrollo ( ARTÍCULO 140°. CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA POR LA UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO- Ley LEY 2294 DE 2023. Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”): pasar del hasta el 60% que establecía la Ley 1978 de 2019 hasta el 90% con lo cual los operadores deberán solo pagar en efectivo corriente al FONTIC desde solo el 10% por el uso de un bien público especial y muy limitado como es el espectro radioeléctrico.
Con éste “mico” el pago de la contraprestación por uso del espectro de las licencias otorgadas a Claro, Movistar, Tigo y Avantel que vencen en los años 2023 – 2024 cuya renovación sería por 20 años por la suma de $13.2 billones, solo reportará al Funtic $1.3 billones, una perdida de cerca de $12 billones; a lo cual se le suman las cifras de las licencias de 5G planeadas de ser adjudicadas antes de que finalice el 2023.
Es por ello que estamos solicitando que solo un máximo del 15% se pague en obligaciones por hacer y los operadores paguen como históricamente se había hecho para que el FONDO TIC tenga recursos para financiar los proyectos de internet social, la democratización y planes de ensanches de infraestructuras y el financiamiento suficiente de proyectos que pueden ser adelantados por las empresas estatales y los pequeños operadores ISP en todo el territorio nacional en un marco de democracia económica que confronte la concentración y los monopolios.
EL PRESIDENTE PETRO Y LOS SECTORES PROGRESISTAS DEL CONGRESO DEBEN ROMPER LA CENSURA IMPUESTA POR LOS GOBIERNOS ANTERIORES CONTRA LOS MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS
Estamos proponiendo que se proceda a democratizar los gastos de divulgación de la gestión pública hoy concentrado en menos de 8 grupos empresariales. Es de observar que los más de 5.000 medios comunitarios y alternativos integrados a nivel nacional por periódicos impresos, medios con plataformas de internet, medios de radio y televisión comunitaria además de cumplir la función social, somo sujetos de derechos como lo ha recomendado la UNESCO y los principios de la Comisión Interamericana sobre la necesidad de democratizar la adjudicación de los recursos de la hacienda pública destinados a la pauta. Así también en forma reiterada lo ha propuesto el presidente Gustavo Petro. Y es que la experiencia para el caso de Bogotá y Medellín indican que se debe establecer o en el Plan de Desarrollo o por ley para indicar un porcentaje del 1/3 para lo cual el PROYECTO DE LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA Y ALTERNATIVA Y ACCESIBILIDAD INTERNET lo propone.
Los gastos de difusión de la gestión pública, que en realidad son gastos de publicidad pagos a los grandes consorcios han alcanzado en periodos de gobierno anteriores la suma anual de más de $1.1 billones de pesos, los cuales salen de los impuestos de los colombianos y se concentran en su totalidad en los medios tradicionales de comunicación de radio, televisión y prensa escrita, excluyendo a los medios comunitarios y alternativos pese a que cuentan con el debido reconocimiento por las autoridades correspondientes, lo cual constituye una de las formas de censura a la luz del derecho internacional. Y precisamente los beneficiados han sido los medios comerciales tradicionales que participan del “golde de baja intensidad” sin que se adopten medidas concretas. Según la ContralorÍa General de la República CGR, durante los años 2012 – 2014 se habría gastado $2,3 billones en publicidad y eventos. Mientras en el 2012 el Estado gastó en eventos y publicidad $ 946.000 millones, y en el 2013 $177.210 millones, entre julio del 2013 y enero del 2014, el gasto fue de $1,1 billones: $686.000 millones en eventos y $502.538 en publicidad.[1] En Bogotá la Alcaldesa Claudia López no obstante el compromiso del Pacto suscrito con los medios comunitarios y alternativos y violando el Plan de Desarrollo y el presupuesto de Bogotá, ha concentrado los recursos también y más de $50 .000 millones han ido a parar a las arcas de esos medios comerciales y los medios comunitarios y alternativos no participan ni del 3% de dichos gastos de divulgación.
[1] https://www.semana.com/nacion/articulo/asi-se-habrian-gastado-23-billones-en-publicidad-eventos/405171-3/
